Okupa se refiere a una persona que busca edificios vacíos y aprovecha la oportunidad de entrar a la fuerza y ocuparlo, es decir, se apropia de forma ilegal de una vivienda, incurriendo en un delito. La ocupación ilegal de inmuebles se conoce como fenómeno o movimiento “okupa”.
El término “okupa” deriva de la palabra ocupante y se hizo popular en España, a mediados de los años setenta, pues estaba en auge la apropiación ilegal de viviendas abandonadas, como consecuencia de la recesión y el impacto que sufrió la economía.
La ocupación ilegal de un piso, edificio, chalé o cualquier inmueble no solo representa un gran problema para aquellos propietarios que tienen una vivienda vacía, sino para el mercado inmobiliario que también debe hacer frente a las dificultades y los efectos que generan los okupas en las propiedades en venta.
Las denuncias por ocupación ilegal
Desde el año 2017, las denuncias por ocupación ilegal en España han aumentado hasta un 40 por ciento, según cifras publicadas por la plataforma EpData. Las comunidades autónomas más afectadas por la ocupación son Cataluña, Andalucía y Madrid, según información ofrecida por el Ministerio de Interior.
La ocupación ilegal es un fenómeno social que no solo afecta a los pisos y casas vacías, sino a los inmuebles en venta, cuyo valor se ve impactado, de forma negativa, a pesar del esfuerzo de muchos propietarios para proteger sus viviendas.
Cuando se reciben estos huéspedes indeseables, lo más recomendable es contar con un buen abogado inmobiliario que tenga la experiencia y los conocimientos legales para gestionar un desahucio.
¿Qué es una ocupación y cómo afecta al mercado inmobiliario?
La ocupación ilegal es la usurpación u ocupación de un inmueble, del cual no se tiene potestad legal, es decir, es cuando un ocupante de un inmueble está ahí en contra de la voluntad del titular oficial de esa propiedad, lo que es catalogado como un crimen.
Los expertos en derecho inmobiliario señalan que existen dos tipos de delito: la usurpación de una vivienda vacía y el allanamiento de morada del domicilio de una persona, pero independientemente del tipo de delito cometido por los okupas, la acción afecta a los propietarios de inmuebles y a las agencias inmobiliarias.
La estancia ilegal de los okupas reduce de forma significativa el precio de la propiedad en venta. Un estudio efectuado por el Observatorio de Innovación en Gran Consumo del Institut Cerdà refleja que la ocupación ilegal de una vivienda en venta puede llegar a disminuir hasta un 60 por ciento su valor en el mercado.
La razón radica en que son los nuevos propietarios quienes deben asumir los costes y los trámites que amerita un proceso de desahucio. Además; las pólizas de seguro de hogar brindan, en la mayoría de los casos, escasas coberturas para enfrentar los gastos de la ocupación, por lo que el coste de las reparaciones también debe ser asumido por el propietario.
Por otro lado, la ocupación ilegal puede demorar la venta del inmueble y, en algunos casos, generar un impacto negativo en la comunidad y el entorno.
¿Qué deben hacer los propietarios cuando ocurre una okupación?
Lo primero que deben hacer los propietarios al producirse una ocupación ilegal es comunicarse con los cuerpos de seguridad, llamar a la policía. La Ley de desahucio exprés (Ley 5/2018, publicada en el BOE el 11 de junio) establece que si el propietario denuncia antes de 48 horas se puede considerar allanamiento y no usurpación y la vivienda ocupada ilegalmente puede ser desalojada sin orden judicial.
Luego el propietario cuenta con dos alternativas para denunciar la okupación. La vía penal y la vía civil, que es la que establece el desahucio exprés. También se pueden combinar ambas.
La demanda por la vía civil suele resultar más rápida. El okupa está obligado a demostrar en un plazo de 5 días hábiles el justo título del inmueble, es decir, un contrato de alquiler u otro título que muestre que la casa es de su propiedad. Y, desde ese momento, el desalojo puede darse en un plazo de 30 días, dependiendo de los juzgados.
Los expertos coinciden en que el desalojo por la vía civil suele concretarse en un plazo de 5 meses, como mínimo. Mientras, por la vía penal, el desalojo podría tardar años.
De igual forma, es recomendable contratar los servicios de abogados inmobiliarios que cuentan con experiencia y conocen la normativa legal vigente, por lo que sabrán cómo actuar ante los casos de ocupación ilegal que experimenten sus clientes y están capacitados para gestionar procesos de desalojo de una vivienda.
Existen algunas recomendaciones generales a tomar en consideración al momento de intentar evitar la ocupación ilegal de los inmuebles:
- Optar por alquilar la propiedad antes de tener el inmueble vacío.
- Hacer uso de publicidad online para promocionar el alquiler o venta de la propiedad, con el objeto de evitar que los okupas noten carteles en las ventanas o puertas y perciban que la vivienda está vacía.
- Instalar una alarma como medida para evitar la ocupación ilegal y el aviso a tiempo.
- Mantener la limpieza y los cuidados de la propiedad de manera de no enviar señales a los okupas de que la vivienda está vacía. De igual manera, recoger el correo es un detalle importante que impide a los okupas identificar que el inmueble está desocupado.
- Utilizar cerradura de buena calidad. Si por motivos de causa mayor la vivienda debe permanecer vacía, es esencial adquirir una buena cerradura que resguarde por más tiempo la propiedad.
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